Gasto público
Recortes en contratación y personal, y reorganización de entidades.
Beneficios, costos y riesgos para las personas y las empresas.
Seis ejes concentran los efectos sobre el gasto público, el ingreso de los hogares y los costos empresariales.
Recortes en contratación y personal, y reorganización de entidades.
Cambios en bienes gravados y devolución para población en pobreza o vulnerabilidad.
Mayores aportes para algunas bases de cotización y menores beneficios en renta.
Menor tarifa general de renta y restricciones a exoneraciones de nómina.
Cambios en bebidas, tabaco, combustibles y apuestas, y ajustes al impuesto al patrimonio.
Incentivos a grandes proyectos y alivios transitorios para regularizar obligaciones.
El resultado depende del ingreso, los aportes, las compras y el acceso a devoluciones. Para la clase media, el principal riesgo es una menor capacidad de gasto.
EfectIVA compensaría total o parcialmente a personas en pobreza o vulnerabilidad, con topes y condiciones. Esto podría recuperar parte del dinero destinado a compras y proteger su capacidad de consumo, siempre que la devolución llegue oportunamente. La clase media no quedaría cubierta automáticamente.
Se mantienen tratamientos sin IVA o con tarifa cero para determinadas partidas de carnes, leche, huevos, arroz, papa, yuca y pan. Conservarlos evita que el cambio de IVA encarezca directamente esos productos; el gasto de cada hogar dependerá de lo que compre.
La reorganización del Estado podría reducir gastos innecesarios y mejorar el uso de recursos. Para las personas, el beneficio dependería de que ese ahorro permita sostener servicios de calidad y se logre sin debilitar la atención al ciudadano.
Eliminar la tarifa del 5 % y reducir exclusiones podría encarecer algunos bienes y servicios, aunque la tarifa general seguiría en el 19 %. Los hogares sin devolución tendrían que destinar más dinero a esas compras o ajustar su consumo, según cuánto del impuesto se traslade al precio.
Subirían para trabajadores con base superior a dos salarios mínimos. Un empleado con base de seis mínimos pasaría del 4 % al 6,5 %: el descuento adicional equivaldría al 2,5 % de su base mensual y reduciría su pago neto, manteniendo los demás descuentos constantes. Para independientes, el rango se calcula sobre la base de cotización, no sobre todo lo facturado.
Se reducen topes de exenciones y deducciones, por lo que una mayor parte del ingreso podría quedar gravada. El nuevo tramo marginal del 9 % aplicaría a renta líquida gravable entre más de 720 y 1.090 UVT: no sería un descuento del 9 % sobre todo el salario.
Los recortes pueden reducir puestos y oportunidades de contratación con el Estado. El efecto se concentraría en trabajadores, contratistas y hogares que dependen de esos ingresos; su alcance dependería de cómo se reorganice cada entidad.
Desde 2028 se propone devolver el 100 % a población en pobreza y al tramo vulnerable de menores ingresos; otros tramos recibirían el 50 %, 40 % o 30 %. El tope mensual previsto es de 5,5 UVT por beneficiario, con reglas de actualización.
Si un bien de $10.000 antes de IVA pasa del 5 % al 19 %, costaría $11.900 en lugar de $10.500: $1.400 más. Supone precio base constante y traslado completo del impuesto.
El balance depende de cuánto se ahorre en renta y empaques frente al aumento de costos laborales, operativos y comerciales.
Bajaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. Las empresas con renta gravable podrían retener más recursos para invertir, pagar obligaciones o fortalecer su caja. El beneficio depende de la base y del régimen aplicable; una empresa sin renta gravable no recibiría ese ahorro inmediato.
Su derogación reduciría la carga de las operaciones gravadas y el trabajo administrativo asociado a liquidar ese impuesto. El ahorro dependería del plástico utilizado y del tratamiento de cada operación. Se mantienen las obligaciones ambientales y las restricciones de la Ley 2232.
RUGE ofrece incentivos a grandes proyectos nuevos que cumplan requisitos, lo que podría facilitar decisiones de inversión de largo plazo. Sus umbrales limitan el acceso para muchas pymes. Los alivios temporales de sanciones e intereses ayudarían a regularizar obligaciones, pero no eliminarían el capital del impuesto.
La exoneración completa de salud, SENA e ICBF se concentraría en salarios de hasta dos mínimos; sería parcial entre más de dos y tres, y se retiraría por encima de tres bajo esa regla. Para empleadores que hoy acceden al beneficio, esto podría elevar el costo de mantener la misma nómina, especialmente en actividades intensivas en empleo.
La presión sobre el ingreso de los hogares puede frenar compras o llevar al consumidor a buscar opciones más económicas. Si la empresa absorbe los nuevos costos, reduciría su margen; si los traslada al precio, podría perder volumen de ventas. Bebidas y otras actividades enfrentarían cambios en impuestos específicos.
Ajustar nómina, facturación y clasificación de productos exige tiempo, sistemas y recursos administrativos. Los proveedores del Estado también quedarían expuestos a menores oportunidades de contratación, por lo que tendrían que revisar su dependencia de esos clientes y sus proyecciones de ingresos.
Por sector: las empresas intensivas en empleo deben revisar la nómina; comercio y consumo masivo, la sensibilidad al precio; industria y exportación, el ahorro en empaques. Los tratamientos especiales y las sobretasas requieren un cálculo propio.
Además de renta e IVA, el proyecto modifica gravámenes sobre productos y operaciones específicas. Estos son los principales cambios y sus posibles efectos.
Desde 2027 se propone un umbral de patrimonio líquido de 95.500 UVT y tarifas marginales del 0,5 % y el 1 %. El impuesto tendría vigencia entre 2027 y 2030. Su efecto se concentra en contribuyentes con patrimonios elevados y depende de las exclusiones y la base gravable aplicable.
La tarifa aumentaría por etapas en 2027, 2028 y 2029. Esto puede elevar costos de transporte y producción en actividades que usan combustibles gravados, con posibles efectos sobre otros precios. La incidencia dependería del combustible utilizado y de cuánto costo absorba o traslade cada empresa.
Se eliminaría la exclusión de IVA prevista para determinados envíos de hasta US$200. Algunas compras pequeñas por plataformas del exterior podrían resultar más costosas. El valor final dependería del producto y del régimen de importación; el bajo precio del pedido no garantizaría quedar sin IVA.
En apuestas por internet, el IVA del 19 % se calcularía como incluido en el depósito del usuario. Además, los premios de loterías, rifas y apuestas tendrían una tarifa de ganancias ocasionales del 30 %. Son cargas distintas: una asociada a participar y otra a obtener el premio gravado.
Para una cajetilla de 20 cigarrillos, el componente específico sería de $7.823 en 2027 y $11.200 desde 2028, más un componente del 10 % sobre el precio certificado por el DANE. Los vapeadores tendrían cobros por mililitro y un componente del 30 %. La carga podría presionar precios y ventas.
Los licores, vinos y similares pasarían al IVA del 19 % y cambiarían sus impuestos al consumo, así como los de la cerveza. Desde 2028, las bebidas endulzadas tendrían tarifas de $45 o $76 por 100 ml según su composición, incluidas referencias con edulcorantes y bajo azúcar. El efecto puede recaer en precios o márgenes.
UVT: unidad de valor tributario. Las tarifas y medidas descritas son propuestas del texto radicado; su aplicación depende de la aprobación y de las reglas de vigencia de cada disposición.
El calendario corresponde al texto radicado y puede cambiar durante el trámite.
Derogación del impuesto a empaques plásticos, sujeta a aprobación. Las medidas sin fecha especial deben leerse con las reglas de vigencia aplicables.
Nuevos aportes y exoneraciones; renta empresarial general del 33 %; recorte del 50 % en costos de contratos profesionales y de apoyo a la gestión.
EfectIVA y cambios de IVA; nuevo esquema de bebidas; renta general del 31 % y reducción del 20 % del gasto de personal público, con excepciones.